Poco después de la venta del club, el nuevo consejo de administración tras la adopción de medidas cautelares por parte de la juez Alaya, acordó solicitar concurso voluntario de acreedores. El concurso fue declarado en 2011. Se estimaba que la deuda del Betis podría estar entre los 60 y 90 millones.
El 5 de febrero de 2011, Alaya mediante auto vuelve a ampliar la investigación y solicita a los peritos que “especifiquen detalladamente los gastos –de TEGASA y ENCADESA- que en cada ejercicio consideren imputables o necesarios para la actividad deportiva del Betis”. Dicha ampliación de la investigación fue solicitada por la Fiscalía. No obstante, Alaya hace caso omiso al Ministerio Fiscal en tanto que deja fuera de la investigación el destino de los beneficios de tales sociedades. Lopera mantuvo que siempre volvían al Betis.
En noviembre de ese mismo año, Oliver fue imputado por cobrar comisiones indebidamente por 1,5 millones de euros en la venta de jugadores como Sergio García o Mehmet Aurelio. Oliver llegó a llamar nazi y loca a Alaya que, como quedó demostrado en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ordenó la práctica de escuchas ilegales.
Quince meses más tarde, un segundo informe pericial cifra en 17 millones el perjuicio económico ocasionado por las sociedades de Lopera al Betis entre 1999 y 2008. Los inspectores de hacienda sostuvieron que la contratación entre el Betis y las empresas de Lopera supuso benefició a las compañías así como que el Betis no necesitaba las garantías prestadas las sociedades de Lopera puesto que el club garantizó con sus recursos los créditos. Ulteriormente, en contra del criterio pericial y de la juez, el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación por delito continuado de apropiación indebida por importe de 3,5 millones de euros por la gestión realizada en los años 1999 a 2008 dado que se descartó la comisión de delito en numerosas operaciones singulares –venta de Roberto Ríos, obras del estadio, contratos de cuentas en participación etcétera-.
