La “Loi de Clarification” o “Clarification Act” fue la fórmula empleada por la Cámara de los Comunes canadiense para acabar con el independentismo quebequense.
Sería una solución muy buena si
se trasladara a España de no ser porque no tiene encaje en la Constitución
Española que en su artículo 2 dice: “La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles”.
Los puntos más destacados de la Ley de Claridad son que:
- La Cámara de los Comunes tiene las facultades de: decidir si la pregunta de un referéndum sobre la secesión de una provincia es clara y si la mayoría y la participación una vez producido el referéndum es suficiente.
- Se prohíbe la secesión unilateral así como las negociaciones del Gobierno con una provincia acerca de la independencia.
- La secesión de una provincia precisa de una reforma constitucional previa y ello, a su vez, precisa ulteriores negociaciones en las que participen todos los gobiernos provinciales y el propio gobierno de Canadá.
- Si Canadá es divisible, la provincia que quiere secesionarse también ha de serlo.
Esta última cuestión es capital puesto que a tenor de los distintos resultados electorales habidos en Cataluña, la secesión se produciría en el medio rural mientras que Barcelona y Tarragona –motores económicos de la Comunidad Autónoma- se mantendrían españolas haciendo de la segregación algo indeseable para los independentistas.
